Responsables de la Comisión del Carnaval 2023 son demandados por una deuda que actualmente orilla los G. 90 millones. Las acciones judiciales son promovidas por la empresa de seguridad privada Halcon SA, que reclama el pago por servicios prestados durante los corsos de febrero del año pasado pasado.
Halcón SA recibió el 50% del pago por sus servicios durante las noches del carnaval guaireño del 2023, pero quedó un saldo de G. 40 millones, detalló la representante de la firma dedicada a la seguridad privada, Hilda López. Explicó que ahora, con los intereses, la deuda asciende a G. 90 millones.
Los firmantes del contrato fueron los entonces presidente y vicepresidente de la Comisión Organizadora del Carnaval, José David Benítez y Pablo Santacruz, respectivamente.
En el caso de José David, más conocido como Joda, actualmente se desconoce su paradero y no pudo ser notificado en el juicio preparatorio por cobro de guaraníes. En tanto que Pablo Santacruz, que es funcionario de la Municipalidad de Villarrica, actuó de mala fe, ya que no reconoció su firma y se tuvo que recurrir a perito caligráfico para determinar que se trata de su rúbrica y que es responsable y deudor en la relación contractual, informó también Hilda López.
La empresa también alega que el intendente de Villarrica, Magín Benítez, se lavó las manos y no asume ninguna responsabilidad en las deudas que dejó el último carnaval, a pesar de que el evento es de la Municipalidad, lleva el sello de la administración municipal y hasta se rinden cuentas. El jefe comunal siempre se negó a dialogar con Halcón SA para buscar algún tipo de salida que evite llevar el conflicto a los estrados judiciales, lamentó también Hilda López.
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