En Paraguay, se está avanzando para la implementación de un proyecto de ley que busca crear el Registro Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, con el objetivo de establecer un marco legal para abordar los casos de desaparición. Este proyecto también incluye acciones específicas dirigidas a niños, niñas y adolescentes que desaparecen, y busca replicar el sistema de Alerta Amber para mejorar la localización de menores extraviados. Sin embargo, se reconoce que aún falta crear un registro de datos óptimo.
Según datos de la Policía, durante los primeros cuatro meses del 2024 (de enero a abril), se reportaron 267 casos de menores desaparecidos, pero todos fueron de corta duración. El viceministro de la Niñez, Eduardo Escobar, explicó que, aunque a menudo se menciona que hay muchos niños desaparecidos, en realidad se trata de desapariciones temporales y en la mayoría de casos, por breve tiempo.
Actualmente, en Paraguay hay dos casos de niños desaparecidos desde hace varios años: el de Juliette, una niña que no se sabe nada de ella desde el 15 de abril de 2020, y el de Héctor Fabián López Chaparro, un niño que se perdió en octubre de 2018. Estos casos han impulsado al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia a apoyar la aprobación de este proyecto de ley, que ya cuenta con media sanción en Diputados y está en proceso de construcción legislativa.
El viceministro Escobar destacó que este proyecto de ley abarca tanto a niños y adolescentes como a adultos que enfrentan la problemática de la desaparición, y que lo que se necesita es un marco regulatorio a nivel nacional para abordar todos los problemas relacionados con este tema.
La desaparición de niños y adolescentes puede tener múltiples causas, como escapar de sus hogares debido a situaciones de maltrato o abuso, problemas conductuales o familiares. El viceministro explicó que cada caso tiene particularidades que requieren un enfoque diferenciado en comparación con las desapariciones de adultos.
Además, se reconoce la posibilidad de que los menores desaparecidos sean víctimas de trata de personas o explotación sexual, lo que implica la intervención de diversas instituciones, como el Ministerio de la Niñez, la Policía, el Ministerio Público, los juzgados y la Defensoría Pública.
