Una nueva medición de ruido ha confirmado que los niveles sonoros generados por la criptominera D&N S.A., ubicada en el barrio Santa Librada de Villarrica, se mantienen dentro de los límites permitidos por la Municipalidad. No obstante, los vecinos aseguran que la reducción en los niveles de ruido solo se produjo después de la denuncia presentada ante la Fiscalía del Medio Ambiente.
La Dirección de Gestión Medioambiental de la comuna, realizó la cuarta medición de los niveles de ruido en los alrededores de la planta de activos digitales de D&N S.A., situada en la fracción Arasa Poty del barrio Santa Librada. Los resultados mostraron que los decibeles variaron entre 49 y 53, lo que representa una disminución del 25% al 30% respecto al límite máximo de 70 decibeles permitido en horario diurno para zonas mixtas, de acuerdo con la Ordenanza Municipal N°81/2005. Sin embargo, aún persiste la duda sobre si el área donde opera la empresa debe ser clasificada como zona mixta o industrial.
En mediciones previas, realizadas el 11 y 15 de noviembre, la comuna registró niveles de ruido entre 48 y 63 decibeles, que también se ajustaron a la normativa para zonas mixtas. La primera queja formal de la comisión vecinal, no obstante, se presentó hace seis meses, cuando una medición inicial, realizada el 19 de julio, indicó un nivel de 75 decibeles. Este valor excedía el límite permitido para zonas mixtas, aunque se mantenía dentro de los niveles permitidos para áreas industriales.
A pesar de los resultados de las mediciones recientes, el fiscal del Medio Ambiente de Villarrica, Erico Ávalos, presentó el 13 de noviembre una imputación por presunto delito de contaminación sonora contra el gerente de D&N S.A., Juan Ignacio Marcillo. Esta imputación se basa únicamente en los datos de la primera medición y no considera la incertidumbre sobre la clasificación de la zona donde opera la empresa.
La compañía sostiene que, tras haber sido notificada en julio pasado, ajustó sus equipos para cumplir con los límites de ruido establecidos por la normativa. Sin embargo, Héctor Cristaldo, presidente de la comisión vecinal Arasa Poty, aseguró que el ruido continuó siendo un problema hasta hace poco, y que la reducción efectiva solo ocurrió después de que la denuncia fue presentada ante el Ministerio Público.
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