El intendente de Villarrica, Magín Benítez, se deslinda de la responsabilidad sobre la demolición de una muralla construida irregularmente, afirmando que la decisión corresponde al Juzgado de Faltas, que depende de la Junta Municipal.
El intendente de Villarrica, Magín Benítez, ha afirmado que la decisión sobre la demolición o no de una muralla construida irregularmente sobre un cauce hídrico por un correligionario suyo debe ser tomada por el Juzgado de Faltas, el cual depende de la Junta Municipal. Esta declaración contradice la postura de los concejales, quienes semanas atrás aseguraron que la decisión debía ser del Ejecutivo.
Benítez ha negado estar dilatando la orden de demolición por amistad política, a pesar de que el responsable de la construcción, José Melgarejo Santa Cruz, es un operador político liberal que se ha fotografiado con el intendente y otros referentes del PLRA. La Dirección de Obras de la Municipalidad concluyó que la muralla fue construida sin permiso municipal, fuera del terreno del arrendamiento y sobre un arroyo intermitente.
Los vecinos afectados por inundaciones a raíz de la muralla construida irregularmente han denunciado y manifestado su preocupación durante dos meses, pero el intendente no ha intervenido. Benítez sostiene que la resolución del problema ya no está en sus manos, sino en el Juzgado de Faltas, órgano de aplicación de sanciones a cargo de la Junta Municipal.
Los concejales, especialmente los liberales, también se han desentendido del problema cuando los pobladores buscaron su ayuda. Tanto el Ejecutivo como el Legislativo no han apoyado a los vecinos perjudicados a pesar del dictamen concluyente de la Dirección de Obras, que confirma la irregularidad de la construcción del muro de contención sobre el arroyo.
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